La madrugada del 27 de octubre de 2014 la Armada de México hizo un operativo sorpresa en Cuernavaca, en el Estado de Morelos. Los marinos buscaban a integrantes del cártel Guerreros Unidos que pudieran dar información sobre la desaparición de 43 jóvenes en Iguala (Guerrero), la noche del 26 de septiembre. Los militares sorprendieron a tres presuntos narcotraficantes e iniciaron una persecución. El resultado fue dos detenidos y un muerto. Las autoridades informaron de que el fallecido había caído del techo de un edificio mientras huía. La realidad era otra. El hombre, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, conocido como El Chiquis, habría muerto mientras era torturado por los marinos. “Estaba como unos cinco o diez metros se encontraba el Chiquis, igual lo estaban torturando con la bolsa… hasta que escuché ‘ya valió madre, ya valió madre, este no aguantó, se me ahogó’”, refirió Eury Flores López, uno de los detenidos, en su declaración del 31 de octubre de 2015.

Esta es solo una gota dentro del mar de irregularidades que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) ha expuesto en lo que el Gobierno mexicano llama con orgullo la verdad histórica, la investigación judicial realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) del caso Ayotzinapa, dirigida por el entonces fiscal Jesús Murillo Karam. Los expertos del organismo internacional han publicado Doble injusticia, un informe de 65 páginas que recopila, verifica y analiza las violaciones a derechos humanos cometidas en la gran etapa de la pesquisa, de septiembre de 2014 a enero de 2016. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, será presentado este jueves en la Ciudad de México. “El informe contribuye a la búsqueda de la verdad y la justicia en dicho caso y más ampliamente a la agenda nacional de lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México”, dicen sus autores.